De tanto en tanto, la ciudadanía se encuentra con alguna información insólita proveniente del sistema judicial. Esta vez nos desconciertan sacando de la cárcel a Aguilera, el ex alcalde imputado porque durante su administración, el municipio fue cooptado por organizaciones narcos. En espera del juicio, estaba en prisión como medida cautelar, la que se le acaba de conmutar por arresto domiciliario y arraigo nacional, dando esta desagradable señal de desconexión con lo que está sucediendo con la avanzada de narcos en Chile, que nos informa la TV.

 

Estamos en este país desde hace décadas, observando cómo la situación social y política no tiene ni la más mínima incidencia en el funcionamiento del sistema judicial. No funciona en contexto, es como si no fueran un poder de un Estado específico, con sus situaciones, sus crisis, sus necesidades y su realidad.

 

Así, en la dictadura por ejemplo, no atendieron a aplicar la ley, para salvar de las torturas, la muerte y la desaparición forzada a miles de ciudadanas y ciudadanos, que llevaron sus recursos de protección ante ellos y no se le dieron las respuestas que el momento social-político necesitaba, para frenar la masacre.

 

Ejemplo más cercano fue en el estallido de octubre de 2019. Nuevamente permitieron la violación de DDHH; y además ahondaron la tensión social, pudiendo descomprimirla tan sólo con la priorización de los casos de las y los jóvenes detenidos. Las familias sufrieron casos en que luego de medidas cautelares que se prolongaron por más de un año, al final se desestimaron mayoritariamente por falta de pruebas para sostener las imputaciones.

 

¿Qué se necesitará para que se cuente con un sistema judicial, que no se declare sin posibilidad de dar respuestas en tiempo y forma en la gestión de justicia, por falta de personal, de presupuesto y de leyes? (que es la justificación recurrente que se recibe de este Poder cuando tienen un micrófono enfrente).

 

Tal vez, si se tuviera que dar cuenta de la gestión judicial y su eficiencia ante la ciudadanía; porque existiera elección popular de jueces y existiera revocación de funciones por actuaciones reprochables, dentro de un marco de democracia real, tendríamos un sistema más cercano a las necesidades de justicia del pueblo chileno.

 

Por ahora, sólo podemos tomar razón de la insólita excarcelación referida, sumarla a las clases de ética para los delitos empresariales, y a los cientos de miles de situaciones de víctimas de robos, abusos, asaltos, fraudes que no llegan a tener persecución judicial, y que describen una situación insostenible, y que tendrá que cambiar, porque es hacia lo que muchas personas están pulsando en Chile hoy, en esta época de cambio constitucional.

 

Redacción colaborativa

Elizabeth Bravo, Guillermo Garcés, M. Angélica Alvear M, Gladys Mendoza, Juan Luis Ortiz, Nelson Peña

Comisión política

Partido Humanista en formación