La crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto, una vez más, la desigualdad en nuestro país, la que se expresa en su forma más dramática en la falta de acceso a la salud de la mayoría de los chilenos, mientras una minoría privilegiada goza de la “mejor salud del planeta”.
Esta desigualdad se expresa en la falta de cobertura del sistema público, no hay hospitales ni camas ni médicos ni personal suficiente, y en la diferencia insultante entre la salud pública y la privada producto de la diferencia de recursos asignados.
Los problemas de la Salud Pública afectan tanto a los usuarios del sistema, como a los funcionarios, los que no cuentan con las condiciones materiales para entregar el servicio que la población requiere.
Los funcionarios de la Salud Pública hemos denunciado durante años la falta de insumos básicos, y la deuda multimillonaria que Cenabast mantiene con proveedores, la que el año 2018 alcanzaba los 11 mil millones de pesos, y ningún gobierno se ha encargado de pagar.
Esta situación no es casual. Es parte de una política de destrucción de la Salud Pública llevada a cabo desde hace 40 años, cuyo objetivo político y económico es destruir el sistema público de salud y privatizarlo en su totalidad, provocando, a propósito, una atención deficiente para los usuarios y publicitando el desprestigio de la salud pública.
Por otro lado, la privatización de los contratos de los funcionarios de la Salud Pública es otra de las formas como se expresa la precarización del sistema Público de Salud.
Una gran cantidad de funcionarios de la salud son “externalizados”, siendo contratados por las famosas empresas externas, ¡negándoles todos los derechos laborales que les corresponderían si estuvieran contratados directamente por los Hospitales!
Estos trabajadores “a honorarios”, no tienen seguridad laboral y cuando hay emergencias a nivel nacional no se los considera tampoco en los turnos éticos informados por el hospital, ¡porque dependen de la decisión de su empleador externo!
Hoy los funcionarios están siendo forzados a trabajar turnos 24×3, y los trabajadores “externos” con turnos diurnos de lunes a viernes no tienen quién los cubra para realizar turnos éticos, porque la decisión la toma su empleador externo. Además, estos trabajadores han continuado trabajando sin ninguna medida preventiva.
El sueldo base de un funcionario de la Salud Pública es de $165.000 mil pesos, lo demás son gratificaciones o bonos variables.
Cuando los funcionarios inician una contratación, su sueldo es de $370.000 mil pesos y un máximo de $420.000 para técnicos, que son los que más cantidad de funcionarios hay en la salud pública.
Como se entenderá, este es un sueldo demasiado bajo para un profesional de la salud, “área de importancia estratégica” según el gobierno, cuyo trabajo es salvar vidas humanas, y que cumple múltiples funciones según el servicio donde esté.
La falta de médicos y especialistas se debe a que es una carrera demasiado cara, inaccesible para muchos interesados con vocación, en ocasiones se estudia solo por estereotipo de prestigio o porque es la carrera familiar. Si la carrera de medicina fuese gratis habría muchos genios con verdadera vocación estudiándola.
Todos los funcionarios de la Salud Pública deben acceder a los mismos derechos y beneficios equitativamente
Como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, estos problemas no son por falta de recursos, sino por falta de empatía.
Para resolver esta situación, solo se requieren tres medidas muy simples:
- Asignación inmediata de mayores recursos para la salud pública, aumentando la dotación de personal e insumos requeridos para una buena calidad de atención a los usuarios, terminando a la brevedad con las listas de
- Termino inmediato de la precarización del trabajo, desprivatizando la contratación de funcionarios y terminando con la modalidad de Contratos a Honorarios, traspasando a todos los funcionarios a honorarios y de empresas externas a la modalidad de
- Pago inmediato de la deuda a proveedores, para regularizar la entrega de insumos a los hospitales públicos.
Cuando los gobiernos pongan como primera prioridad la salud de los ciudadanos, se asignarán mas recursos para la salud financiados con una rebaja del gasto militar, más recursos para salud con el aumento de los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas, más recursos para la salud financiados con un aumento del Royalty a la minería.
¡Así que una mejor Salud Pública en Chile no es un problema de recursos, es un problema de empatía!
Alondra López Lanzarini, Partido Humanista