El Tribunal Constitucional (TC) de Chile propinó hoy un golpe demoledor a la reforma educativa impulsada por Bachelet, al tachar el fin del lucro en la enseñanza superior.
Por 6 votos contra 4, el TC declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, con lo cual dio luz verde a que instituciones con fines de lucro controlen universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales.
La gratuidad de la educación fue una de las banderas de los movimientos estudiantiles que se movilizaron en Chile desde el año 2011 en demanda de una reforma estructural del sistema educativo chileno, junto con la calidad de la enseñanza y el cambio de su dependencia, desde las municipalidades al Ministerio de Educación.

Declaración del Frente Amplio:

Por el futuro de todos y todas:

DEMOCRACIA Y MAYORÍAS SOCIALES PARA UNA NUEVA EDUCACIÓN PÚBLICA

A diez años de la movilización de miles de personas a lo largo de nuestro país exigiendo educación pública, gratuita, de calidad y fin al lucro, la declaración de inconstitucionalidad de la norma que prohíbe el lucro efectivo en la educación superior es dar pie atrás en una de las conquistas sociales más importantes del último tiempo: avanzar en terminar definitivamente con el negocio de la educación en Chile. Con esta disposición, grandes grupos económicos del negocio de la educación (como el Grupo Laureate) podrán seguir decidiendo en los hechos el rumbo de la educación de las y los estudiantes de algunas de las universidades más grandes del país.

Por más que el gobierno de Sebastián Piñera levante un discurso de “acuerdos nacionales”, lo cierto es que lo que hoy se presenta es una ofensiva por desmantelar una serie de posibles avances en materias fundamentales para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. Todo ello velado de discursos de buenas intenciones. Más que voluntad de acuerdos, vemos aplanadoras desplegadas en distintos frentes institucionales.

Hoy también se expresan los estrechos márgenes de la democracia que la política binominal ha construido, haciendo accesoria la labor parlamentaria con un Tribunal Constitucional que se constituye, en los hechos, como una “tercera cámara”, con designaciones a dedo y cuoteos políticos. Este espacio es el que hoy toma una decisión sustantiva en materia de educación superios, con precisamente los 6 votos que representan a la coalición de gobierno y que favorece a los poderosos.

Exigimos a los representantes del Tribunal Constitucional que votaron por eliminar esta disposición, así como al ministro Varela y al presidente Sebastián Piñera, que den cuenta a la sociedad: ¿están con las corporaciones privadas que lucran con la educación o con el derecho de nuestros jóvenes a educarse?

La experiencia de los gobiernos en los últimos años  ha demostrado que es imposible llevar adelante las demandas del movimiento social por la educación sin construir mayorías políticas ni sociales que permitan dichos avances.

Como Frente Amplio seguiremos luchando desde todos los espacios y apoyando al Movimiento Social por la Educación, para avanzar en la construcción de una nueva educación pública para nuestro país, como pilar necesario para avanzar en un Chile que crece y se desarrolla con y para todos, como posibilidad de terminar con la segregación social. Con el programa de much@s al frente, con la vocación de construir mayorías sociales y políticas para los cambios que Chile necesita, seguiremos adelante en la lucha por el futuro de todos y todas.

27 de marzo de 2018

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