(Imagen de Rafael Edwards).

Ene 24, 2024.


¿Quién asume responsabilidad por el caos actual?

 

Se constata cada día en los diversos artículos de prensa que se difunden por los medios masivos de comunicación, una crisis acelerada en la gobernanza de los distintos poderes del Estado. Tal crisis la padecen las mayorías olvidadas, y los únicos ganadores en este caos son la élite político empresarial, con sus estilos de vida consumistas y negadores de las necesidades del bien común.

Frente al emplazamiento que realiza la ciudadanía, para que alguien responda por la crisis que le toca vivir, se levanta un discurso de los formadores de opinión, en que se responsabiliza a la gente común y corriente, de ser ellas las responsables del desastre. Partiendo por una caracterización peyorativa de una supuesta naturaleza de la gente de este país, en que destacan su ignorancia, su flojera, su ineptitud, su incivilidad y un largo etc. que marcan las dificultades centrales y de base para poder construir un “país desarrollado”; a pesar de los esfuerzos increíbles que llevan adelante la élite ilustrada, experta y caritativa.

Los resultados de la política pública liderada por los expertos profesionales de la política están a la vista en Chile, en Argentina, Perú, y la catástrofe de Ecuador. Resulta perentorio abrir la puerta a las propuestas de las agendas reivindicativas de las organizaciones sociales y la toma del Poder por la soberanía popular.
Veamos algunos ejemplos de denuncia y la propuesta desde la base social organizada:
 

Protección de la niñez y adolescencia.
 

El discurso del Estado (en manos de la élite) en torno a la niñez y adolescencia se centra en la difusión del trabajo realizado, la cobertura de sus programas y los presupuestos entregados, relegando a un lugar secundario las implicancias que éstos tienen para las personas que reciben sus “beneficios”.

Noticias como el informe de la PDI (revelado por CIPER) que investigó 240 hogares de menores que da cuenta de 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en los centros Sename y en los gestionados por particulares; las declaraciones y acciones del ex diputado René Saffirio, en relación al informe: “En el 100% de los centros del Sename se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes”; las de Patricia Muñoz, ex defensora de la Niñez: “Los niños siguen invisibilizados” y lo recientemente declarado por Anuar Quesille, actual defensor de la Niñez, “En Chile existen redes de explotación sexual contra NNA”, dan cuenta de que las frases “los niños están primero” y “beneficios otorgados” están lejos de ser realidad, y resulta todo lo contrario, NNA traficados sexualmente, reclutados por bandas delictuales y como soldados de Narcos.

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile el año 1990, se concibe y entiende a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y no como “objetos de protección, dejando atrás la visión tutelar y adultocéntrica imperante. En atención a esta nueva concepción, el Estado debe ser garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes legislando y desarrollando políticas públicas que tengan una mirada sistémica e integral, superando así las intervenciones aisladas y aglutinando a los incumbentes en un objetivo común; con enfoques de género que den cuenta de los roles y asimetrías de género que los afectan; interculturalidad e inclusión, respetando y valorando sus historias, experiencias, saberes particulares y visión del mundo, en contraposición a la exclusión, la dominación y la hegemonización cultural, social y política; una mirada comunitaria y descentralizada que se base en diálogos participativos y asumiendo la situación como tema país y con especial atención en las trayectorias y ciclos de vida de niños, niñas y adolescentes que considere los patrones o cambios en su desarrollo y crecimiento y las estructuras sociales y culturales en que están inmersos.

Mención aparte es lo que tiene relación con los presupuestos entregados a este tema y ante lo cual La Defensoría de la Niñez, en su Informe Anual 2020, remarca la importancia de que estos consideren un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia al destinarlos, en base a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (uno de los tres pilares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y firmado por Chile con fecha 16 de septiembre de 1969) que plantea que los presupuestos deben respetar los principios de progresividad y no regresividad que tienen los derechos humanos, y que de considerarse evitaría la disminución progresiva del presupuesto otorgado a este tema como da cuenta la página del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, dónde los datos del año 2022 tendría una reversión de –0,5%, que se suma a la disminución de 2,4% del 2021 con respecto a 2020.

Es una obligación ética colocar fin a toda acción, especialmente la desigualdad y la exclusión, que impiden que niñas, niños y adolescentes accedan a sus derechos, en especial al más básico el de vivir, que deben garantizar los Estados, pues es durante la infancia y adolescencia donde se desarrolla el potencial humano, física, síquico y emocional, y que influyen considerablemente en su futuro desarrollo, determinando su contribución –o el costo– a la sociedad a lo largo de sus vidas.


Educación pública.
 

La desidia de la élite, frente a una educación pública, que no resuelve su dirección, y que impone una lógica mercantil, con procedimientos y formas imposibles, que sólo pueden tener los colegios privados de pago. Una violencia en la convivencia, un agobio laboral docente, un curriculum limitado por la obsesión de pruebas estandarizadas, una administración vertical fuera de época, un financiamiento fallido vía voucher, una degradación de los profesionales de la educación y la lapidación de futuro para las y los estudiantes pobres. Lo vemos en los conflictos que aparecen permanente en la prensa. malversación de fondos públicos en incontables municipalidades, implicando no pago de sueldos, no pago de cotizaciones previsionales, desatención a las necesidades de mantenimiento de infraestructura. Y los nuevos nodos de administración colapsados, como en el caso de toda la región de Atacama 2023)

En este escenario, la lucha del gremio docente se centra en posicionar la educación pública como eje central del sistema educativo, superando el modelo neoliberal. Se destaca la importancia de la libertad de enseñanza, enmarcada en valores nacionales como los derechos humanos y la libertad de cátedra. Se aboga por un currículum flexible y contextualizado, promoviendo una educación culturalmente pertinente.

En cuanto al financiamiento, se propone un modelo basal en reemplazo del voucher per cápita, considerando aportes presupuestarios nacionales y dinámicos acordes a las necesidades de cada comunidad. La participación de las comunidades educativas en la gestión de recursos es fundamental.

Un nuevo marco regulatorio debe establecer el rol rector del Estado, eliminando figuras como el sostenedor y las instituciones que respaldan la lógica de mercado. Se aboga por la participación vinculante de la comunidad escolar en la gestión, eliminando entidades como la Superintendencia de la Educación y la Agencia de Calidad.

Los principios fundamentales del nuevo modelo educativo deben incluir la diversidad, convivencia, cuidado ambiental, inclusividad, equidad, interculturalidad, laicidad, gratuidad, universalidad, contextualización, descolonización, no sexismo, democracia, desarrollo socioemocional, solidaridad, permanencia, no patriarcado y basarse en los derechos humanos.

Se reconoce la infinita y multidimensional potencialidad del ser humano en desarrollo. La educación debe formar individuos comprometidos con la justicia social, la igualdad y el cuidado del medio ambiente, promoviendo el pleno desarrollo individual y el bien común. (Ver: CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN)

https://www.colegiodeprofesores.cl/wp-content/uploads/2021/11/Educacion-noviembre-final-web-2021.pdf

Y como estos dos casos expuestos, existe la misma situación en salud, vivienda, laboral, ambiental, previsión social.

Frente a este relato de los opinólogos de la élite, es legítimo preguntar: ¿en qué lugares la gente común y corriente tuvo o tiene en sus manos el Poder político y económico? La respuesta es, en ningún lugar.
Por tanto, es imprescindible sostener que estamos en una situación en que se enfrentan distintas intenciones humanas por el control del Poder, lo que es legítimo.
En todo caso, quienes vienen fracasando en su hegemonía, para construir un modelo social y político, son obviamente quienes vienen ejerciendo esas funciones en la sociedad, y de acuerdo a su propia ideología, necesariamente se requiere que dejen sus cargos, para que otra gente, con una intención distinta, con un estilo de vida distinto, con unas necesidades distintas, tenga oportunidad de realizar sus intentos de corregir el desastre de desigualdad, de inseguridad pública, de atropello de derechos humanos, de destrucción de la biodiversidad y de cerrazón de futuro para las nuevas generaciones.
Nada puede salir peor que lo que hoy sufrimos.

 

Redacción colaborativa:
Ricardo Lisboa Henríquez; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; Sandra Arriola Oporto; César Anguita Sanhueza.
Comisión de Opinión Pública
Partido Humanista