(Imagen de Rafael Edwards).

Nov 18, 2023.

 

Sistema educativo chileno antes y después de la dictadura. 

 

Las iniciativas de políticas para poner en marcha en el país una educación pública, se pueden rastrear a finales del 1800. Ya como propuestas de estructura de ley se presenta y discuten en el Congreso en 1900, con la idea central de fijar la obligatoriedad de algunos años de instrucción en la franja de niños de 6 a 12 años de edad, de modo de cortar la tendencia de analfabetismo de las capas populares. Estos planteos fueron detenidos por parte de los políticos conservadores por 20 años, hasta que finalmente se promulgaron en 1920. El desafío mayor fue generar la concientización en las familias para incorporar la importancia de enviar a sus hijos a las escuelas. Otras tareas fueron las de colocar en marcha la construcción de infraestructura, la deliberación respecto a las cuestiones de descentralización y centralización territorial y, de los temas de contenidos de una educación laica, en un escenario epocal de educacional particular para la elite y confesional, en manos del catolicismo.

Paralelamente, la educación que hoy conocemos como secundaria, partió incipiente con un primer impulso que tomó 40 años, el que incluyó llegar a más de un tercio de liceos para niñas. Desde 1940 a 1970 la cobertura se cuadruplicó, gran avance cuantitativo. La variable cualitativa viene desde la época hasta hoy con avances lentos.

 

Según Luis Celis Muñoz, presidente de la Sociedad Chilena de Historia de la Educación, “surgió con fuerza la “experimentación educacional” y el país asistió a la implementación, con distinta suerte, de algunos ensayos como el Plan Experimental de San Carlos, las Escuelas Consolidadas, el Plan de Renovación Gradual de la Educación Secundaria y el Plan de Integración Educacional de Arica. Característica común a ellos fue el deseo de lograr la integración de la escuela al contexto social y cultural en que actuaba y constituirse en su centro dinamizador y un factor del desarrollo social, además de ser parte integrante e instrumento esencial de los procesos de modernización.” (artículo: La reforma educacional de 1965).

En el siglo pasado, se siguió avanzando con momentos de menor y mayor cualidad en las temáticas descritas, más la construcción de una democratización de la educación; también las instancias de formación del cuerpo docente, con hitos desde las Escuelas Normalistas iniciadas a mediados del siglo anterior, a las carreras universitarias de pedagogía. Paralelamente la organización gremial de educadoras y educadores, pasando por distintos intentos desde ese período llegando al actual Colegio de profesoras y profesores de Chile. (https://www.colegiodeprofesores.cl/wp-content/uploads/2021/05/linea-de-tiempo.pdf)

 

Con la pérdida de la democracia en Chile, producto del golpe de estado del año 1973, el sistema educativo chileno sufrió un fuerte impacto, cuyos efectos aún lo sentimos hoy (por ejemplo, con dirigentes designados desde la dictadura cívico -militar). Para Cristian Bellei, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) y sociólogo, el golpe de Estado y la dictadura provoca un cambio en el eje del sistema educacional ya que “durante las cuatro décadas previas a 1973, Chile venía construyendo un sistema educacional bajo la noción de un Estado de bienestar, bajo los principios de que la educación es central para el desarrollo nacional, de la justicia social y que es un derecho universal”.

La implementación del modelo neoliberal dio pie a una lógica nefasta donde la educación es considerada un bien de consumo y se estructura en base a intereses privados individuales; lógica que no sólo impide ampliar la cobertura y acceso a la educación, sino también conlleva un correlato diferente a como se entrega, se genera y se debate el conocimiento.

En este sentido Liliana Morawietz, asistente de investigación y antropóloga, señala que “se corta toda esa lógica de generar conocimiento y saber no solo desde los estratos más altos, sino que, desde el conjunto de la sociedad, de personas que estaban estudiando de manera gratuita, y se transforma profundamente qué tipo de conocimiento se puede producir”, además de que “será reemplazado por una lógica muy oscura que tiene que ver con la clausura de todos los espacios de participación democrática, donde no hay espacios de deliberación democrática, de diálogo…..

Esto, junto a las medidas señaladas por Eduardo Hamuy, subdirector del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinador del Núcleo de Investigación en Formación Docente (IFODOC), en relación a que “se intervinieron las universidades, se censuró y persiguió la libertad académica, se debilitó la educación pública fragmentándola y obligándola a regirse por criterios económicos y fuentes de autofinanciamiento. Se enfatizó un enfoque técnico profesional en desmedro de una formación integral, de la producción científica y la investigación interdisciplinaria”, dieron lugar a olvidar la manera de debatir y convivir en democracia,

Para este grupo de académicas y académicos, de la Universidad de Chile, las principales consecuencias de la irrupción de la dictadura en el ámbito educacional son la fragmentación de la educación pública, el menoscabo de la profesión docente y la privatización del sistema educacional.

 

Leyes nefastas para la educación en Chile. 

 

El enfoque expuesto, se tradujo en implementaciones y consecuencias concretas, como el traspaso de escuelas públicas desde el Ministerio de Educación a la gestión desde las municipalidades, con un financiamiento basado en un voucher per cápita, de por sí desestabilizador por monto insuficiente e inestable, que reproduce el “apartheid” socioeconómico de las realidades de las distintas comunas del país; favoreciendo el surgimiento paralelo y desarrollo de los llamados Colegios Subvencionados en manos privadas, provenientes mayoritariamente de la política. Estos intereses confabulan en la práctica el desmantelamiento lento y progresivo de la educación pública chilena.

Otra implementación fue la jornada escolar completa, que en principio declamaba contar con ámbitos y tiempos para la formación integral de las y los estudiantes, resultando una mentira, pues dada la dirección general que prioriza desproporcionadamente un modelo instruccional de preparación para pruebas estandarizadas en un modelo de educación de mercado, se van desplazando los temas de civismo, filosofía, arte, idiomas, sexualidad y educación física.

En la misma dinámica y dirección, se implementa la evaluación docente periódica y permanente, que se justifica en una depuración del nivel y “calidad” del profesorado, terminando en la práctica en un negocio para las empresas evaluadoras y en un agobio laboral para las profesoras y profesores, sin tener obviamente indicadores de interés que contribuyan a una mejora significativa de la educación.

 

La situación de los Servicios Locales de Educación. 

 

Resulta grave hoy la respuesta organizacional puesta en marcha con el traspaso desde la educación municipalizada al Servicio Local de Educación Pública. Explicado en grueso, se agrupan en un territorio varias comunas colindantes en un servicio administrado por un staff dedicado. La implementación tiene un calendario extendido que ya cruza un tercer gobierno, y que ha sufrido desplazamientos de fechas, por los escuálidos resultados que no han mejorado la situación, en muchos casos han empeorado. Hoy no existe el rigor y la valentía política de reconocer el error, y replantear la situación, a pesar de la evidencia negativa que mantiene, por ejemplo, en estos días a toda la región de Atacama en paro, por sueldos impagos e infraestructura deplorable e insalubre; y con estudiantes que en la práctica formativa perderán su año escolar. https://encr.pw/qRxz8

 

La lucha del gremio docente. 

 

El derecho a la educación de manera que posicione a la educación pública como estructura central del sistema educativo. Un sistema que involucre lo estatal con lo comunitario, asegurando la superación del modelo educacional neoliberal. Priorización de la función pública del sistema educativo. La libertad de enseñanza debe estar enmarcada en un conjunto de valores compartidos a nivel nacional, como el respeto a los derechos humanos y la libertad de cátedra y expresión del profesorado, constituyendo también un resguardo para que no se imponga una ideología por sobre dichos valores. Una segunda dimensión de la redefinición apunta a un sentido educativo, en tanto la libertad de enseñanza debe implicar el derecho a la autodeterminación de las comunidades a desarrollar un currículum flexible y contextualizado, que propicie una educación con pertinencia cultural y promueva aprendizajes situados desde la comunidad para el desarrollo integral del ser humano. De esta manera, la libertad de enseñanza puede entenderse sólo desde una perspectiva colectiva.

Como modelo de financiamiento a seguir, en reemplazo del voucher per cápita, consideramos un modelo de financiamiento basal. Su estructuración se sustenta en tres criterios: a. Basal: aporte vía presupuesto de la nación para gastos fijos. b. Dinámico, pertinente y flexible: acorde a las necesidades particulares de cada comunidad escolar (accesos, calefacción, infraestructura, su ubicación geográfica, etc.) c. Participativo: en consonancia con la orientación del carácter estatal-comunitario las comunidades con todos sus actores (familias, trabajadores de la educación y estudiantes) deliberan para poder decidir, gestionar y priorizar los recursos de la escuela.

El marco regulatorio del nuevo modelo educativo, debe establecer el rol rector del Estado a través del MINEDUC para todo el sistema educativo. El Estado debe regular, fiscalizar y articular la política educativa que debe basarse en la colaboración entre las escuelas. Debe desaparecer la figura del sostenedor. Garantizar la participación vinculante de las comunidades escolares en su gestión. Lo anterior implica terminar con la Superintendencia de la Educación, con la Agencia de la Calidad, con la Ley de Aseguramiento de la Calidad, y con las ATEs, es decir, con toda la institucionalidad que hoy le da soporte a la lógica de mercado y que ha consumado la externalización de las labores centrales del MINEDUC, bajo la lógica de la estandarización y la rendición de cuentas.

La participación vinculante de todas y todos los actores que conforman las comunidades educativas se considera central en un nuevo modelo educativo. Se asume que esta participación debe tener un carácter resolutivo, en base a un marco regulador consensuado y que debe desarrollarse en distintos ámbitos, que van desde lo pedagógico hasta la gestión administrativa y de recursos.

La Educación Pública, en un nuevo modelo educativo, debiera fundarse en los siguientes principios: Diversidad; convivencia; cuidado medio ambiental; comunitaria; inclusividad; integralidad; equidad; interculturalidad; laicidad; gratuidad; universalidad; contextualizada; descolonizadora; no sexista; democrática; socioemocional; solidaridad; permanencia; no patriarcal y basada en los Derechos Humanos.

Es necesario reconocer que el ser humano posee distintas potencialidades, en tanto es un ser histórico inacabado y en desarrollo. Sus potencialidades son infinitas y multidimensionales. Se debe formar seres humanos comprometidos con una sociedad basada en la justicia social y la igualdad. Es decir, seres solidarios, respetuosos y cuidadosos del medio ambiente (..); seres comprometidos con su comunidad, con su entorno, identidad local y defensores de los derechos humanos. Una educación que promueva el pleno desarrollo individual pero también el social y el bien común. (Ver: CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN del Colegio de Profesoras y Profesores).

https://www.colegiodeprofesores.cl/wp-content/uploads/2021/11/Educacion-noviembre-final-web-2021.pdf

 

“La Educación.

  1. La percepción del paisaje externo y su acción sobre él, comprometen al cuerpo y a un modo emotivo de estar en el mundo. Desde luego que también compromete a la misma visión de la realidad (…) Por ello creo que educar es básicamente habilitar a las nuevas generaciones en el ejercicio de una visión no ingenua de la realidad de manera que su mirada tenga en cuenta al mundo no como una supuesta realidad objetiva en sí misma, sino como el objeto de transformación al cual aplica el ser humano su acción. Pero no estoy hablando en este momento de la información sobre el mundo, sino del ejercicio intelectual de una particular visión desprejuiciada sobre los paisajes y de una atenta práctica sobre la propia mirada. Una educación elemental debe tener en cuenta el ejercicio del pensar coherente. En este caso, no se está hablando de conocimiento estricto sino de contacto con los propios registros del pensar.
  2. En segundo lugar, la educación debería contar con el acicate de la captación y el desenvolvimiento emotivo. Por esto, el ejercicio de la representación por una parte y el de la expresión por otra, así como la pericia en el manejo de la armonía y el ritmo, tendrían que ser considerados a la hora de planificar una formación integral. Pero lo comentado no tiene por objeto la instrumentación de procedimientos con la pretensión de “producir” talentos artísticos, sino con la intención de que los individuos tomen contacto emotivo consigo mismo y con otros, sin los trastornos a que induce una educación de la separatividad y la inhibición.
  3. En tercer lugar, debería tenerse en cuenta a una práctica que pusiera en juego todos los recursos corporales de modo armónico y esta disciplina se parecería más a una gimnasia realizada con arte que al deporte, ya que éste no forma integralmente sino de manera unilateral. Porque aquí se trata de tomar contacto con el propio cuerpo y de gobernarlo con soltura. Por esto, el deporte no tendría que ser considerado como una actividad formativa pero sería importante su cultivo teniendo por base la disciplina comentada (…)” (Del libro El Paisaje Humano, Silo).

 

Redacción colaborativa:
M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; Sandra Arriola Oporto; Ricardo Lisboa Henríquez; César Anguita Sanhueza.
Comisión de Opinión Pública
Partido Humanista