José Gabriel Feres, Humanista.
19. 12.2019.

Aquellos que se sometieron a las exigencias del gobierno y la derecha política en nuestro país; quienes firmaron a espaldas de la gente un acuerdo espurio, sin siquiera preguntarle a los miembros de sus propias organizaciones: democratacristianos, radicales, socialistas, los de revolución democrática, liberales, comunes y el diputado Gabriel Boric (por las suyas…); todos ellos hoy claman al cielo y denuncian la no aprobación de las indicaciones que presentaron para tratar de corregir en parte la brutalidad que cometieron.

El problema no radica en el rechazo en el Congreso de esas indicaciones referidas a la paridad de género, a las cuotas para los pueblos originarios y a la mejora de las condiciones para los independientes. El verdadero problema es que ese grupo de presidentes de partido se haya confabulado el pasado 15 de noviembre para, en unas pocas horas, realizar esta maniobra política que llamaron “Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución”. En realidad, más que acuerdo se trató de una verdadera traición a ese pueblo movilizado que pagó un alto costo por la represión –con muertes, ceguera y daños oculares múltiples, heridos y encarcelados–, y una clara manifestación de la resistencia de esa clase política a responder genuinamente al pueblo soberano.

Esa noche se acordó ponerle límites a la soberanía popular, estableciendo hasta dónde, cómo y en qué condiciones le sería permitido a la ciudadanía discutir el contenido de ese nuevo texto constitucional.

La lucha por una nueva Constitución comenzó con el fin de la dictadura, no sólo por su ilegitimidad de origen (aun cuando posteriormente fue “validada” por los políticos de la Concertación), sino que también porque el cuerpo social necesita ir redefiniendo sus condiciones de convivencia, en concordancia con los avances y las transformaciones que va experimentando, como sucede en todo proceso histórico.

Gracias a la rebelión popular que se inicia el pasado 18 de octubre –la más masiva y extendida que se registra en la historia de nuestro país, gatillada por los estudiantes evasores del Metro–, posiblemente por primera vez se estaban gestando las condiciones para que el pueblo soberano definiera su carta magna. Ese impulso y ese derecho fue lo que se intentó reprimir y abortar con el acuerdo. Hoy, quienes participaron de ese acuerdo, denuncian lo antidemocrático de la no aprobación de las indicaciones que presentaron, obviando por supuesto  que eso se aplica al acuerdo mismo.

Argumentan que Convención y Asamblea Constituyente son equivalentes, pero nadie explica por qué entonces se eludió la utilización del término que el pueblo reclama masivamente en las calles. ¡Que un quórum u otro y plazos definidos para que se opere! ¿Por qué no es posible que la misma Asamblea democráticamente electa defina esas condiciones, teniendo en cuenta que su representatividad sería mucho mayor que la de quienes firmaron ese acuerdo o la de los parlamentarios actuales?

¡Que el mismo número (155) y el mismo sistema electoral que para la elección de los diputados actuales! Ni siquiera se discutió la posibilidad de un número mayor de asambleistas (300 o 350) que permitiera una mejor representatividad, al igual que un sistema electoral que incluyese las indicaciones que hoy fueron rechazadas.

No, había demasiado apuro por desmovilizar a la gente y regresar a la «normalidad», porque esa elite política instalada en el poder sintió que sus privilegios estaban siendo amenazados por la manifestación popular.

Ese costo es el que se está pagando hoy, arriesgando la realización de un cambio constitucional que de ninguna manera tendrá la profundidad de las transformaciones que Chile requiere y tampoco respetará lo manifestado en  la mayor rebelión popular que ha conocido nuestro país.

Es de esperar una mínima reflexión y capacidad autocrítica de aquellos que, si bien fueron parte de ese acuerdo, se dicen comprometidos con la voluntad popular. ¿Se van a someter definitivamente ante las condiciones del gobierno y la derecha o buscaran vías alternativas para luchar junto al pueblo por una Asamblea Constituyente Soberana, Paritaria y Plurinacional?