Ante los anuncios de Cuarentena en Mejillones y Antofagasta y las demás medidas asociadas a la pandemia en la región, las organizaciones sociales y políticas firmantes, declaramos:

 

  1. La preocupación por la vida y la salud de los habitantes de la Región de Antofagasta es lo más importante en el contexto de esta crisis. Por esta razón es que toda medida que vaya en esta línea también debe planificarse con políticas públicas que permitan hacer frente a las necesidades económicas de la población. El establecer una cuarentena total debe ir de la mano con medidas que se hagan cargo de las consecuencias salariales y económicas que significa el confinamiento en nuestras casas, y que más allá de bonos que se han entregado solo a parte de la población, se pueda sustentar a través de cambios estructurales que permitan, no solo afrontar  este  duro  momento,  sino  que,  además  la  difícil  situación económica y social que enfrentaremos como región luego de esta pandemia, teniendo claro que la crisis no la pueden pagar las y los trabajadores.
  1. En ese sentido, rechazamos categóricamente las declaraciones del Intendente Edgar Blanco, al responsabilizar principalmente a las y los ciudadanos del significativo aumento de casos de COVID-19 en la región. El estado debe tomar medidas para proteger sanitaria y económicamente a la población, y no hacerlos responsables frente a lo que a nuestro parecer es producto de medidas erróneas tomadas por el gobierno.
  1. Rechazamos también el concierto de ambigüedades, la inconsistencia de información clara y los mensajes contradictorios de las autoridades en torno a pretender instalar una “nueva normalidad“, en circunstancias que nos encontramos en las semanas de peak de contagios y con las tasas más elevadas de la macrozona norte del  país  con  comunas  como  Mejillones  y  María  Elena  con grandes cantidades de personas contagiadas. La cuarentena para las comunas de Antofagasta y Mejillones, anunciada este domingo por el ministro de Salud y que es el resultado de una serie de presiones principalmente desde el mundo social, significa un avance en cuanto a medidas para cuidar la vida de las y los ciudadanos; insistimos en la necesidad de acompañar esta cuarentena con medidas económicas para que las y los más afectados por esta crisis no sufran las consecuencias: Trabajadores y trabajadoras informales, independientes, micro y pequeños empresarios serán los más afectados.
  1. Nos parece insólito que se busque condenar a miles de personas que desempeñan labores informales y dependen de ello para vivir, mientras las principales empresas extractivas (mineras, portuarias y energéticas), siguen operando. Consideramos que la falta de medidas más enérgicas y eficaces se debe en parte al interés de evitar que las grandes industrias dejen de operar; sabemos el aporte económico que entregan pero no podemos permitirnos -como en Italia-, proteger  más  a  la  industria  extractiva  que  a  la  vida  de  las  y  los ciudadanos de la región ¡No podemos seguir profundizando nuestra condición de zona de sacrificio!
  1. Condenamos enérgicamente la represión perpetrada en diversos sectores populares, como La Bonilla o la Cachimba del agua. Los recursos destinados a estos fines perfectamente pueden ser derivados para la superación de estos difíciles momentos. Las autoridades civiles y Carabineros de Chile deben entender que velar por la seguridad de la población no es igual a represión, sino que ello significa velar por el bienestar de la misma. A mayor injusticia mayores serán las protestas populares.

Ante esto, demandamos:

  1. En concordancia con lo expuesto, afrontar estructural y económicamente esta crisis a través de una medida tributaria justa, que aumente impuestos a las fortunas más grandes de Chile, puntualmente a ese 1% que controla más del 30% de los ingresos de nuestro país, se hace necesario reforzar la medidas económicas regionales, como el royalty minero.
  1. Mejorar y hacer más eficientes las medidas sanitarias, evaluando cuarentenas focalizadas en las comunas con mayores tasas de contagio, buscando, además, asegurar no solo la salud de las personas, sino que además su estabilidad económica. Una cuarentena sin apoyo económico sólo aumentará la vulnerabilidad de las familias empobrecidas
  1. Que el ejecutivo del Gobierno Regional y las parlamentarias y parlamentarios de la región, presionen al Gobierno Central para evitar recortes presupuestarios al gobierno regional; como también una necesaria inyección de recursos a los municipios que en el contexto de esta crisis han sufrido considerables bajas de ingresos, lo que va en desmedro de las y los vecinos de nuestras  comunas.  Por  otro  lado,  es  necesaria  una  mejor gestión  en  la  ejecución  de  recursos  del  fondo  nacional  de  desarrollo regional por parte del intendente, con la finalidad de utilizar de manera oportuna los recursos regionales aprobados para apoyo de la población.
  1. Protección al personal y la red de salud, los que se han visto altamente afectados por la pandemia; se requiere apurar la ejecución de los fondos aprobados por el CORE para hacer frente a esta pandemia; ampliar el radio de atención de la farmacia comunal que en la actualidad solo atiende a adultos mayores, quitando el sesgo de edad de los beneficiarios de ella; fortalecer además el sistema de salud primario a través de una necesaria coordinación con el ministerio de salud  para  poder  atender  de  manera rápida y oportuna los posibles casos de personas contagiadas, reconsiderando la redistribución de insumos al personal, en cuanto a cantidad y tiempos.
  1. Readecuación y ajuste de los presupuestos municipales de nuestra región, con participación activa de la comunidad organizada a través de Juntas de Vecinos/as, Organizaciones funcionales, comités de campamentos, sindicatos y organizaciones sociales en general, lo que incluso debe significar la baja de sueldos de los altos mandos municipales y sus respectivas corporaciones. Proponemos además que el presupuesto del año 2021 se construya de manera participativa y vinculante, a través de un proceso de audiencias públicas y participación activa de la comunidad.
  1. Desarrollo de un trabajo en conjunto del área de Salud y Educación – tanto de Redes Públicas como Subvencionadas y Particulares y en sus diferentes niveles educativos-, en donde la salud mental debe tener igual importancia que la salud psíquica y emocional de la comunidad. En otro aspecto, de suma importancia, el gobierno, tanto nacional como comunal, debe entender que la prevención en estos aspectos significará, también, un menor costo económico a futuro. Así, el área educativa debe pasar a responder a las  necesidades  socioafectivas  de  los  estudiantes  y  sus familias.
  1. Exigimos una real coordinación entre sectores y autoridades públicas para enfrentar esta crisis, conformando de esta manera una verdadera red intersectorial y social por la pandemia y la crisis social producto de ésta misma (por ejemplo mejorando la coordinación y la entrega de ayuda a los sectores afectados, incorporando a las organizaciones sociales de todo tipo en ésta tarea); emplazamos además a todas aquellas autoridades gubernamentales o parlamentarias/os oficialistas se abstengan de sacar provecho político de la pandemia, buscando aparecer liderando iniciativas económicas que han sido fruto de acuerdos amplios y colectivos en los Concejos Comunales o el Consejo Regional, que no obstante, han sufrido demoras y recortes desde el Gobierno Central.
  1. Finalmente hacemos un llamado a que el gobierno regional se relacione con el mundo social de manera directa para tomar decisiones respecto a medidas sanitarias y económicas. Las organizaciones sociales, sindicales, vecinales, ambientales, gremiales y la comunidad científica podemos ser un aporte relevante para la toma de decisiones políticas, así también para aportar en la  organización  de  una  red  de  solidaridad  y  apoyo  que permita  atender la necesidad de las personas que más lo requieren, no sólo en cuanto a esta emergencia, sino que pensando y prefigurando el futuro de la región; un futuro basado en la solidaridad, la descentralización, la participación vinculante de las comunidades en los asuntos públicos; el mejoramiento significativo de los sistemas de educación y salud y el fortalecimiento de formas de economía solidaria más allá del extractivismo y la sobreexplotación de nuestros territorios.

¡Que esta emergencia sea una oportunidad para avanzar en la superación de nuestra condición de zona de sacrificio!

 

Personas y organizaciones firmantes:

Sindicato de Trabajadoras/es a Honorarios del Servicio Público de Antofagasta.

Pablo Iriarte,  secretario  regional  del  Partido  Comunista  de Antofagasta.

Federación de  Estudiantes  de  la  Universidad  de  Antofagasta (FEUA).

Movimiento Nacional por la Psicopedagogía, Antofagasta.

María Ojeda,    directora    CUT    provincial    Antofagasta    y vicepresidenta     del     Colegio     de     Profesores     comunal Antofagasta.

Agrupación mujeres unidas en la igualdad.

Junta de Vecinos José Miguel Carrera.

Agrupación Social Amaranto Norte.

Brigada Ramona Parra Antofagasta BRP.

Brigada Sanitaria Gladys Marín Antofagasta.

Asociación de Artesanos, músicos y actores Bellas Artes.

Comité de adelanto y desarrollo Vladimir Saavedra

Janett Guerra Aburto Presidenta Regional Partido Progresista, Antofagasta.

Patricia   Monardes   Valdivia,Profesora   Básica   Matemática   y Ciencias Naturales, Orientadora; Convergencia Social de la región de Antofagasta, Comité Regional, Encargada de Finazas. Las Tesis Senior, Brigada de Salud Miramar, Grupo Constituyente.

Partido Humanista, Antofagasta

Gloria Echeverria miembro Unidad Social Antofagasta

Paulina   Lizana   Martínez,   Delegada   Sindicato   Nacional   de Trabajadoras/es de INTEGRA

Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, SIPPE Antofagasta

Paola Antileo Pino, Unidad Social, Antofagasta.

Colectiva 19 de octubre.

Corporación   de   artesanos   Productores   de   la   Región   de Antofagasta.

Consejo Ciudadano de Antofagasta

Escuela taller Isacc Arce de Antofagasta.