Los y las docentes humanistas miembros de la comisión, exponemos ante la opinión pública nuestro absoluto desacuerdo con el ingreso progresivo de los y las estudiantes, docentes y asistentes de la educación a las escuelas del país, en base a hechos y argumentos que expondremos considerando la forma en que el gobierno ha administrado la crisis sanitaria, y sobre todo después del discurso presidencial brindado el pasado domingo 19 de abril. Por ello, las y los docentes humanistas declaramos lo siguiente:

Condenamos el criterio economicista con que el gobierno y sus respectivos ministros han dirigido tanto la crisis sanitaria como la suspensión de clases presenciales adelantando las vacaciones de invierno, ya que, a nuestro parecer la prioridad de este gobierno ha estado centrado preferentemente en resguardar los intereses económicos de las grandes empresas, más que de promover el bienestar y seguridad de los ciudadanos y ciudadanas ante la pandemia. Actitudes manifiestas que se han mostrado absolutamente en sintonía con la visión de Carlos Soublette, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, que en su declaración dada el 17 de abril de 2020 en el medio electrónico EMOL apela a la apertura de los centros comerciales, señalando que “no podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas». Si bien ofreció disculpas ante la presión mediática y política, evidencia la poca cordura con que se dimensionan los impactos de la pandemia en los chilenos y chilenas.

Como docentes, educadores y asistentes de la educación, nos encontramos en una encrucijada, donde necesariamente debemos hacer valer el peso de nuestra labor y criterios profesionales que nos entregan los años de experiencia y especialización, promoviendo acciones que velen primero por el derecho a la vida, el cuidado de la integridad física y psicológica, y luego la equidad educativa.  Situaciones que a nuestro parecer hoy no estarían garantizadas, en la lógica con que opera este gobierno.

La posibilidad de un regreso a clases tal como lo propone el gobierno, partiendo por las comunas rurales, no hace sino exponer innecesariamente a los y las estudiantes y trabajadores de la educación a un eventual contagio del virus. Tanto los ministros de las áreas aludidas como el Presidente de la República no comprenden, que a pesar de haber declarado cuarentena en algunas localidades del país e informado que la pandemia llegaría a su nivel más alto a fines de abril o primera quincena de mayo, que los y las estudiantes y la comunidad educativa en general (profesionales de la educación y asistentes de la educación, padres y apoderados), deben trasladarse desde zonas remotas o muy distantes para acceder a los establecimientos, lo que multiplica exponencialmente el riesgo ante un eventual contagio, sumado a la precariedad de los sistemas de salud rurales que con suerte cuentan con una posta de primeros auxilios,  lo anterior no hace más que poner en evidencia el poco conocimiento de la autoridad sobre la realidad de las comunidades educativas rurales.

Otro antecedente que nos hacen rechazar las propuestas del gobierno, es la nula o escasa capacidad de fiscalización que posee el Ministerio de Educación en las Escuelas y Liceos chilenos, situación que preocupa ante el nulo o escaso resguardo de las medidas de seguridad para todas y todos los miembros de la comunidad escolar. Fiscalización que debería tender a certificar que los sostenedores cumplen con los requerimientos del comité asesor Covid, en cuanto a provisión de alcohol gel, mascarillas y distancia de dos metros por cada estudiantes, además de asegurar condiciones laborales adecuadas para el personal educativo.

Para ningún docente es sorpresa que la aplicación de un reglamento o norma de cualquier tipo está sujeta al arbitrio del sostenedor. A partir de esto, es razonable cuestionarse ¿quién fiscalizará que las medidas sanitarias se ejecuten como corresponde diariamente?, por otra parte ¿el ministerio de educación comprende que agrupar cursos de 40 alumnos o menos sigue siendo un riesgo de contagio, considerando que los NNA han sido declarados vectores por los expertos epidemiólogos?,  de acuerdo a las características de sociabilidad intrínsecas de las y los estudiantes ¿es posible asegurar que se cumpla la “distancia social” recomendada sanitariamente?, creemos que es muy poco probable.

En este contexto, no nos cabe más que denunciar y visibilizar que las propuestas hechas por las autoridades solo muestran su profundo desconocimiento sobre la realidad de los centros educativos chilenos. Hace un par de semanas el consejo asesor Covid-19 planteó la ingenua idea de reducir el tamaño de los cursos, mientras que desde el gobierno se hablaba de realizar  clases con un máximo de 20 estudiantes, propuesta que nos demuestra el estado del oscurantismo en que se emplazan las autoridades, ya que muchas escuelas aún funcionan en doble jornada, con cursos de 45 alumnos/as, o bien si la modalidad es jornada escolar completa la cifra de estudiantes por sala de clases es similar. Es por esto que, como docentes humanistas, llamamos a la cordura de las autoridades y a no promover el regreso a clases mientras no estén realmente garantizadas las condiciones sanitarias: haber minimizado el riesgo o contar con una vacuna

El Presidente de la república en su último discurso del domingo 19 de abril se comprometió a proteger la salud y la vida de los chilenos y chilenas, tomando medidas basadas en la mejor evidencia científica y bajo el consejo de sus “expertos”. Compromiso de papel, pues la ambigüedad de las medidas (sin mascarilla, con mascarilla), la poca claridad para definir cuarentenas y la falta de transparencia en el manejo de datos, hacen legítimamente dudar del accionar de este gobierno. Instalar la “nueva normalidad”, nos parece más una urgencia económica, que incentiva bajar la guardia ante el virus exponiendo a los ciudadanos a mayores oportunidades de contagio y de saturar los servicios médicos del país: quizá la excusa para por fin ocupar el Espacio Riesco.

No seamos ingenuos y comprendamos que en este momento la autoridad está jugando con la mayor riqueza de un país: sus estudiantes. Por esto, llamamos a las autoridades a recapacitar y a no continuar con la descabellada idea de retornar, aunque sea progresivamente a clases presenciales.

En tal situación, los y las docentes humanistas proponemos:  

1.Llamar a una mesa social de educación conformada por el gobierno, gremio docente, trabajadores de la educación, padres, apoderados, tutores y expertos que puedan dialogar, proponer y llegar a acuerdos de cómo se debe enfrentar la pandemia en el área.

2.Anular la decisión del gobierno de adelantar las vacaciones de invierno, dejándolas pendientes, de acuerdo a las nuevas decisiones que se tomen respecto a cómo enfrentar la pandemia y el retorno a las actividades en los centros educativos.

3.Determinar por medio resolución, y de manera excepcional para el año en curso,  la promoción de los y las estudiantes con solo un semestre lectivo, en la medida que el retorno a clases presenciales sea una fecha conveniente para el complimiento de este.

4.Retomar las actividades lectivas solo cuando estén garantizadas las condiciones sanitarias adecuadas para el aseguramiento de la salud de estudiantes y todos los  integrantes de la comunidad escolar.

5.Eliminar temporalmente la aplicación de evaluaciones como: SIMCE, de admisión a las universidades y otras comprometidas; reemplazandolas provisoriamente por otras alternativas consensuadas por la mesa social de educación.

Comisión de Educación Partido Humanista Chile